Política anti-drogas: una tragedia nacional

Por Venus Rey Jr

Publicado originalmente en el número de octubre 2018 de la revista Ruiz Healy Times. 
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La última semana de septiembre, el ex-presidente Ernesto Zedillo, en calidad de director del Centro de Estudios de la Globalización y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, presentó una propuesta para remediar lo que, a su juicio, es una gran tragedia nacional: la política de drogas que ha implementado el Estado mexicano. 

Este documento consta de cuatro partes: 

La primera narra una historia de la prohibición, desde tiempos posteriores a la Revolución, hasta nuestros días. El común denominador ha sido una política punitiva, que en los últimos cuarenta años, y especialmente a partir de 2006, ha provocado un problema de magnitudes épicas.

La segunda parte se refiere a la grave situación que ha generado la prohibición: una epidemia de violencia que ha incidido en la baja de la esperanza de vida en algunos Estados (de ese tamaño es la tragedia); el desplazamiento de poblaciones enteras, tema del que no se habla tanto, pero que tiene un dramatismo yo diría dantesco, una verdadera crisis humanitaria en nuestro propio territorio; y la criminalización de los usuarios de estupefacientes. La sección termina con una propuesta para prevenir, tratar y reducir los daños que sufren las personas que usan drogas.

La tercera parte propone seis principios rectores alrededor de los cuales debería girar la política, ya no anti-drogas, sino simplemente la política de drogas: 1) derecho constitucional a la salud; 2) derecho al libre desarrollo de la personalidad; 3) enfoque en las políticas adaptado a las comunidades locales; 4) acceso efectivo a la información, medicinas y tratamiento; 5) revisión de las leyes y políticas públicas basada en evidencia científica; 6) regulación armonizada con el derecho internacional y los derechos humanos.

La cuarta parte es la más importante, pues en ella se hace una propuesta para pasar de la actual prohibición a una regulación de los narcóticos. La propuesta de despenalización y regulación se refiere no sólo a la cannabis, sino a todas las drogas, incluso la heroína, la cocaína y las anfetaminas.

Ernesto Zedillo

Ernesto Zedillo declaró que se equivocó en la política anti-drogas que aplicó durante su gobierno y se pronuncia sin ambages por la despenalización y regulación de los narcóticos. Vicente Fox, un poco más limitadamente, se ha pronunciado por la despenalización de la marihuana y Enrique Peña ha reconocido que la política anti-drogas que implementó no ha funcionado, es decir, ha fracasado. El único que no siente que cometió ningún error es Felipe Calderón. Sin embargo, el texto presentado por Zedillo y un grupo de expertos, señala que a partir de finales de 2006, con el golpe que el entonces nuevo presidente asestó al narco en su natal Michoacán, se generó una espiral de violencia sin precedentes que nos tiene sumidos en una situación de extrema gravedad.

Felipe Calderón llegó al poder muy cuestionado y con la sombra de un fraude electoral en perjuicio de su contrincante, Andrés Manuel López Obrador. El nuevo presidente tenía que asumir el cargo y actuar con brío, y para ello era necesaria una acción contundente. Se comenta y se dice que, de visita en Bogotá en octubre de 2006, como presidente electo, el presidente Álvaro Uribe, que había dado importantes golpes a las FARC y a los carteles, sugirió a Calderón llevar a cabo una acción masiva contra las organizaciones criminales mexicanas. Así nació la idea de una cruzada nacional, una guerra fulminante contra la delincuencia organizada. Esta política fue continuada por Enrique Peña. El resultado es, a doce años de que Calderón inició esta guerra, que la violencia en México es insostenible y el tráfico y consumo de drogas sigue al alza.

El informe explica cómo la política punitiva ha fomentado la existencia del mercado negro, y así las bandas criminales han encontrado el ambiente propicio para reproducirse, prosperar y enriquecerse. La inercia prohibitiva comenzó desde los años 1920’s por un prejuicio inadmisible: que el uso de drogas incidía en la preferencia sexual. El documento cita un dictamen de la Cámara de Diputados, del 7 de octubre de 1947, a propósito de unas reformas a los artículos 193, 194 y 197 del entonces Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federal. Lo que dice el dictamen parece haber sido extraído del más rancio y retrógrada catecismo: que el consumo de narcóticos conduce al narcisismo, a la homosexualidad y al autoerotismo, y por tanto desvirtúan el sentido del acto sexual, que es la procreación. La Cámara de Diputados, al aprobar este dictamen y las reformas a los artículos mencionados, se condujo sin la menor evidencia científica: legisló y endureció las penas de los delitos contra la salud, y lo hizo cegada por el prejuicio y la mojigatería. Zedillo señala que este prejuicio prevalece aún en nuestros días.

El texto explica con gran claridad cómo la localización geográfica de nuestro país le confirió una importancia estratégica en el tráfico hacia Estados Unidos de estupefacientes producidos en América del Sur, particularmente en Colombia. Durante la década de 1980, y dada la política punitiva, los carteles se vieron en la necesidad de reclutar grupos armados. Tuvieron los medios económicos para hacerlo; y no sólo eso, sino también pudieron reclutar militares de élite para entrenar a sus milicias. El poder económico de estas organizaciones les permitió sobornar a altos funcionarios de la Procuraduría General de la República e incluso oficiales del Ejército. Los carteles mexicanos tuvieron a su disposición ejércitos privados, equipados con armamento y tecnología de punta, cuya misión era proteger las rutas de la droga. Esto provocó que organizaciones rivales entraran en conflicto y crearan su propia guerra al tratar de expandir sus zonas de influencia y de operación.

Zedillo señala que el gobierno erró en el manejo de esta problemática. La política punitiva implementada desde los 1920’s no fue revisada, a pesar de no haber dado resultados, sino, peor aún, fue endurecida: «El gobierno decidió llevar la prohibición a niveles sin precedentes. La decisión, que tuvo lugar a fines de 2006, llevó la prohibición al extremo de usar fuerzas militares para sustituir a la policía en amplias partes del territorio. En retrospectiva, está claro que la profundización de la guerra contra las drogas que se dio hace casi doce años está asociada a la enorme escalada de violencia que sufre el país. En sí misma, esta escalada se ha convertido en un importante problema de salud pública en México y ha socavado las capacidades institucionales de los gobiernos federal y locales.»

El documento presenta numerosos datos y estadísticas en los que se aprecia que ese despliegue militar, que aumentó a escala masiva desde finales de 2006, es decir, desde Felipe Calderón, ha disparado la tasa de homicidio doloso y ha provocado violencia sin precedente. Por ejemplo, en 2007 hubo 48 enfrentamiento entre efectivos del Ejército y grupos criminales; en 2011 hubo 1009 enfrentamientos. Este incremento es casi inconcebible. Las fuerzas armadas también han caído en la desesperación y han incurrido en prácticas ilegales. Zedillo cita un estudio según el cual el uso de la fuerza por parte del ejército ha generado prácticas como la tortura, las violaciones al debido proceso y hasta ejecuciones extrajudiciales.

El texto también señala la responsabilidad del Estado mexicano en la emergencia de los mercados negros de estupefacientes. Zedillo dice que el mercado negro ha sido creado por el propio Estado, lo cual podría parecer a primera vista un disparate, pero es verdad, si se hace una consideración más serena. El gobierno ha querido desmantelar el mercado negro y para ello se ha valido de la fuerza bruta: el resultado ha sido una espiral de violencia como nunca la habíamos visto, y el fortalecimiento del mercado negro. En 2006 hubo 10,452 homicidios dolosos, según el INEGI; en 2011 la cifra casi se triplicó: 27,213. En 2017 fueron más de 31 mil y, por lo visto, 2018 romperá todos los récords. Y lo que es todavía más notable: la tasa de homicidios ha crecido más en los lugares en los cuales hay presencia de fuerzas militares. Cualquiera pensaría que con la presencia de las fuerzas armadas la incidencia delictiva y el homicidio serían menores, pero es al revés.

La violencia en México es tan grave, tan tremendamente grave, que se ha registrado una caída en la esperanza de vida. Supongo que el lector pensará que las cifras son exageradas, pero el estudio presentado por Zedillo y su equipo de expertos documenta que entre 2006 y 2010 hubo una disminución en la expectativa de vida a nivel nacional del 0,6%. Esta cifra podría lucir insignificante, pero no lo es. Esa cifra es un promedio; hay regiones en México, en específico Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde la expectativa de vida entre 2005 y 2010 cayó tres años. ¡Tres años! Y no porque existiera la peste bubónica o una guerra civil: esta caída es producto de la violencia, y la violencia es generada por la política punitiva contra las drogas.

La mortandad de suyo es un grave problema. Pero hay otro, del que se habla poco: el desplazamiento de poblaciones, tanto forzado como voluntario. Forzado, porque es parte de las tácticas de los carteles: se apoderan de las parcelas y ranchos de la población; voluntarios, pues es tal la inseguridad y la violencia, que miles huyen para salvar sus vidas. Zedillo cita un informe según el cual en estos doce años casi 330 mil personas han sido desplazadas de sus poblaciones. El gobierno ha sido absolutamente impotente ante esta crisis; es más, ni siquiera reconoce la crisis.

El documento propone dos medidas que deben adoptarse inmediatamente:

1. La liberación de personas privadas de la libertad por delitos de drogas no violentos.
2. La despenalización del uso de todas las drogas.

Las personas muy conservadoras de inmediato se cierran ante estas propuestas. ¡Cómo vamos a sacar de la cárcel a los narcotraficantes! ¡Cómo vamos a despenalizar las drogas, si eso sería tanto como fomentar la drogadicción! Pero hay que estudiar las propuestas.

Toda persona que haya sido encarcelada por posesión simple de drogas debe ser liberada, ya sea mediante la revocación de sentencia o a través de amnistía. El texto señala que los límites no punibles de posesión de narcóticos son deliberadamente bajos, de manera que la posesión ya es de suyo un delito. Esto no es otra cosa sino la criminalización y la discriminación de los usuarios de drogas. Un grupo especialmente vulnerable son los campesinos y las mujeres detenidos por delitos contra la salud. Si la plantación y producción de cannabis y amapola fuera regulada, los campesinos que ahora apenas sobreviven produciendo estos vegetales, serían los primeros beneficiados de una regulación no punitiva. El informe no lo dice, pero esto sería un motor económico que los haría salir de la pobreza en muy poco tiempo. Finalmente, el hecho de poseer una cantidad de droga mayor que lo que determina la ley –umbral que, ya señalé, es muy bajo– no significa que el tenedor sea un narcotraficante. La posesión de cantidades mayores de estos umbrales es de suyo un delito, lo cual es absurdo. Zedillo propone que aún cuando una persona sea detenida en posesión de cantidades mayores a las permitidas, debe ser demostrada plenamente la intención de comercial ilegalmente. Pero hasta eso tendría solución, pues si se regulan las drogas, será lícito comercial con ellas.

Hay una tercera propuesta para implementarse, no de inmediato, pero sí en el corto o mediano plazo: el acceso legal y regulado de las drogas.

Se citan dos modelos: la industria de los estupefacientes en manos de emprendedores privados, como es el caso de los que comercian con cannabis en algunos estados de la Unión Americana; o el monopolio estatal, como sucede en Uruguay. El ex-presidente Zedillo parece pronunciarse por un sistema mixto.

El reto del nuevo gobierno es enorme. ¿Estará a la altura de las circunstancias? Ojalá que sí. Sin duda este documento presentado por Ernesto Zedillo será una herramienta muy importante.

México enemistado: La Cuarta Transformación

Por Venus Rey Jr

Publicado originalmente en el número 18 de la revista Ruiz Healy Times, p. 25. Descárgala aquí

«We must, indeed, all hang together or, most assuredly, we shall all hang separately.»

Benjamin Franklin

Frontera entre las alcaldías de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, Ciudad de México

La Guerra Civil Española es un acontecimiento histórico que desde hace muchos años ha llamado poderosamente mi atención. Fue una choque tremendo entre dos formas de pensar, dos visiones y proyectos de Nación. La colisión eidética no se quedó en el debate de las tribunas en la Asamblea ni en las agitadas y muy acaloradas discusiones en los cafés de las grandes ciudades españolas; también permeó la vida íntima de las familias y enemistó a hermanos, a padres y a vecinos. Si todo hubiese quedado ahí, en las discusiones, en las descalificaciones, en la pura enemistad, no habría sido tan trágico. El problema es que todo se salió de control, y entonces la pelea eidética se transformó en una guerra fratricida, una de las más crueles y sangrientas del siglo XX.

No estoy comparando la situación actual de nuestro país con el caos que imperó en España en los años 1930, aunque sí es preciso reconocer que nuestra situación es muy delicada. Negar la realidad de nuestros días, o minimizarla, sería un error muy grave. Yo veo un México muy dividido y enemistado. Escucho y veo expresiones de intolerancia en los seguidores de los principales actores políticos. Del insulto desmedido, que ya de suyo es una agresión, a la agresión física misma, hay sólo una diferencia de grado; y es una diferencia menor. Cuando se suelta el tigre, los actores políticos ya no tienen control sobre sus seguidores, como sucedió en esa España, y para ejemplo valga la guerra que protagonizaron los anarquistas contra los comunistas, ambos del lado de la República, pero peleados a muerte por sus diferencias ideológicas.

En «Una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie», Juan Eslava describe los temores del presidente Azaña, que ya anticipa el horror que está por desatarse: «[en un lado] el odio destilado lentamente durante años en el corazón de los desposeídos; [en otro lado] el odio de los soberbios, poco dispuestos a soportar la insolencia de los humildes.» Unos renglones después pone una cita del aristócrata y sibarita español José Luis de Vilallonga: «Todavía recuerdo el día en que, un poco antes de la guerra, mi abuela dijo de pronto: ‘Siento un infinito desprecio hacia los pobres.’ Y como todo el mundo se quedó con la boca abierta, explicó: ‘Sí, porque ¿cuántos son ellos? Millones. Y los ricos ¿cuántos somos? Muy pocos. Pero aquí estamos desde hace siglos sin que a nadie se le ocurra hacernos nada.’»

He visto en nuestro país una polarización. No que sea nueva. Desde luego, los pobres y los ricos existen desde siempre. El problema es cuando llega la ideología y los actores políticos se valen de ella para excitar a las masas. En el momento en que la ideología permea la polarización, en ese momento se gestan bandos irreconciliables destinados a chocar.

Existe en nuestro país un modo de ser excluyente, que algunos llaman la postura del mirrey o el estilo de vida totalmente palacio. Y también existe otro modo de pensar, igualmente excluyente, al que despectivamente se denomina ideología chaira o pensamiento prole. El primer modo de ser se caracteriza por la indolencia y la frivolidad; el otro se distingue por el odio y el desprecio de sentirse marginado y explotado. La abuela de Vilallonga y Vilallonga mismo ilustran muy bien al primer grupo. El personaje Esteban García, de la novela «La casa de los espíritus», de Isabel Allende (que sabe muy bien de estas cosas), ilustra al segundo grupo[1]. Tal vez algún lector despreocupado crea que estoy exagerando, más aún después de leer el pie de página que acabo de escribir, pero yo creo que estos fenómenos sociales merecen atención.

El discurso de algunos candidatos se aprovecha del resentimiento social de un gran sector de la población. El discurso exalta no sólo la explotación, sino las diferencias raciales. No en vano uno de los candidatos hace llamar a su partido MORENA, que, claro, se refiere a las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional, pero que también alude al color de la piel. El candidato expone a sus seguidores que el sino aciago que sufren se debe a la maldad de unos cuantos. Este grupo sin rostro –el candidato no da nombres, pero se entiende que es el grupo constituido por los hombres más ricos de México– se vale de los políticos para asegurarse privilegios y aumentar su riqueza, a costa de la explotación y la marginación de los pobres. Los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN y sus presidentes (Peña, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas…), no son más que empleados de este grupo. Todos ellos conforman la «mafia del poder». La única posibilidad de que los pobres salgan de la pobreza, es arrebatando a esta mafia el poder mediante una revolución, pacífica, dice el líder, que traerá paz, justicia y bienestar, y que acabará con la corrupción y la violencia: por fin los oprimidos serán reivindicados. Este cambio sustancial es llamado por el movimiento y sus ideólogos «La Cuarta Transformación», y su envergadura e importancia sólo son comparables, según ellos, a la Independencia, la Reforma y la Revolución.

He sido testigo de expresiones que me horrorizan por su ligereza y frivolidad; expresiones peores que la de la abuela de Vilallonga. Y las he escuchado aquí en mi ciudad, en reuniones, en las terrazas de restaurantes; las he visto en Facebook, en Twitter y hasta en los periódicos. Porque para que exista polarización debe haber dos polos igualmente malos. He oído expresiones como nacos, proles, chairos, jodidos, holgazanes, huevones, prietos, parásitos, ninis, basura social, indios y otras más que no puedo pronunciar, dirigidas a los simpatizantes de MORENA y en general a los más desfavorecidos. Lejos de ponerlos cabizbajos, los insultos les están dando unidad, identidad y cohesión: «somos Morena, somos la nación, los pobres, los marginados, y –como temía la abuela de Vilallonga– somos millones, millones más». Es el fin de la era del señoritingo, del fifí, de la mafia del poder: así como perecieron el catrín y el señorito, el terrateniente y el hacendado, en la revolución, así va a desaparecer esta mafia del poder empezando por sus funcionarios itamitas. Ese es el propósito de La Cuarta Transformación.

Ahora bien, podrá resultarnos chocante y pedante esta terminología de La Cuarta Transformación. No es la primera vez que los ideólogos cercanos a Andrés Manuel López Obrador se inventan un término así de rimbombante. Recordemos La Cuarta República, de la que AMLO fue presidente legítimo. Pero ese no es el punto. Decía que podría resultar irritante el concepto de La Cuarta Transformación, pero en el fondo, no porque lo proponga López Obrador, no deja de ser cierto que nuestro país requiere un cambio sustancial. La corrupción gubernamental y la violencia deben cesar; el país debe despegar económicamente –y aquí la palabra despegar resulta muy adecuada y simbólica, toda vez que MORENA pretende cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que verdaderamente sería un motor de despegue y desarrollo para nuestro país–. Si esto se logra (acabar con la corrupción, erradicar la violencia y emprender ahora sí a grandes pasos el desarrollo económico nacional), será verdad esto de La Cuarta Transformación. Sería terrible que las cosas siguieran como están, pero también sería catastrófico que adoptáramos el comino del populismo.

No hace falta ser López Obrador, ni siquiera simpatizante de él, para darse cuenta que la estructura gubernamental está podrida desde sus entrañas; no hace falta ser morenista para sostener que en México hay profundas desigualdades (económica, social, racial, cultural), que los gobiernos han actuado con frivolidad, torpeza, irresponsabilidad, dolo y maldad, y que las cosas deben cambiar. Entiendo el enojo de los seguidores de AMLO: es legítimo, y no es propio de ellos –yo, que no soy morenista, también estoy indignado–. Hasta el más cínico priísta sabe que la situación no podrá sostenerse más tiempo.

La rabia de millones se deja ver en twitter, Facebook y otras redes sociales. El ataque a columnistas y comunicadores es impresionante. Basta con expresar una idea contraria a un candidato, para que sus seguidores profieran toda clase de insultos, ataques y amenazas. Hay que decirlo, en este rubro son especialmente virulentos los simpatizantes de MORENA. Esta agresividad en redes preocupa, aunque haya quien crea que exagero. Es cierto que si pierde AMLO, sus seguidores experimentarán una gran frustración, y entonces serán realidad aquellas palabras que se referían a soltar al tigre. Y una vez suelto el animal, será muy difícil detenerlo. Por esa razón, La Cuarta Transformación –que, insisto, es necesaria, y no porque lo diga López Obrador– debe llevarse a cabo desde la institucionalidad. Ya se han dado los primeros pasos, aunque los morenistas insistan en que no.

Un paso importante es la desaparición de la Procuraduría General de la República, que hoy por hoy está bajo control del presidente, lo cual es garantía de impunidad, y en su lugar la creación de una Fiscalía autónoma y totalmente independiente del ejecutivo. Este paso ya se dio, al menos en el papel (la hoja de papel, diría el jurista La Salle), he ahí el artículo 102 de nuestra Constitución, pero en los hechos los partidos políticos no han sido capaces de nombrar a quien habrá de ser su titular. Los políticos corruptos no van a permitir que un fiscal hostil los persiga, y como al parecer todos los partidos son corruptos, es difícil que lleguen a un acuerdo. También tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción que fue creado desde 2015, pero que en los hechos es como si no existiera, pues los escándalos de corrupción en el gobierno federal y en los gobiernos estatales siguen consternando a la opinión pública. Así de podrida está la estructura del Estado mexicano.

También tenemos un órgano autónomo electoral que es garante de transparencia en las elecciones, aunque esté bastante desacreditado hoy en día; y tenemos un tribunal electoral que forma parte del poder judicial, y por lo tanto goza de autonomía e independencia respecto a los otros dos poderes. Con esto quiero decir que hasta los políticos corruptos saben que es insostenible el nivel de corrupción, y que esto se tiene que acabar; y que cuando esto acabe, de verdad habrá visto su fin una era oscura caracterizada por el expolio sistemático de la riqueza nacional: vendrá La Cuarta Transformación. En la primera, México logró su Independencia; en la segunda su Reforma; en la tercera, la Revolución dio muerte a un régimen oligarca; La Cuarta Transformación supondrá el fin de la corrupción y de la violencia: se abrirá una era de amor, paz, justicia y bienestar. Suena a pseudo-ciencia de Hörbiger y sus cosmogonías glaciales, pero no por ello es falso que urja en México una verdadera transformación.

La transformación de México no será obra de una persona o de un movimiento político. Será tarea de todos los mexicanos. Que alguien ofrezca ser la solución es un gran engaño. Un México enemistado es más vulnerable a la corrupción y la violencia, y está en menor aptitud de afrontar los problemas. Se necesita la unión, no la división. Los políticos que fomentan la enemistad de los mexicanos juegan con un fuego que luego no podrán apagar.

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[1] La novela de Isabel Allende y la película del mismo nombre, del director danés Bille August, difieren en algunos de talles. Me voy a referir al plot del film, con el que varios lectores estarán familiarizados. En la película, el rico y poderoso Senador Esteban Trueba (Jeremy Irons) violó en su juventud a una trabajadora de su finca. De esta violación nació Esteban García, que vendría a ser hijo ilegítimo del Senador. Esteban García sabe su origen y odia a su padre, que también sabe que es su hijo. No obstante, acude ante el ya poderoso Senador Trueba, para pedir que lo recomiende y pueda obtener un trabajo en el Cuerpo de Carabineros. Lejos de estar agradecido, García sigue albergando un profundo odio contra su padre y sus medios hermanos. Cuando estalla el golpe de Estado y los militares emprenden una brutal represión, su media hermana, Blanca (Winona Ryder) es arrestada y va a dar a la prisión en la que está asignado su hermanastro Esteban García, que ya es un oficial con cierto poder, y que aprovecha la oportunidad para torturarla y violarla.