Política anti-drogas: una tragedia nacional

Por Venus Rey Jr

Publicado originalmente en el número de octubre 2018 de la revista Ruiz Healy Times. 
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La última semana de septiembre, el ex-presidente Ernesto Zedillo, en calidad de director del Centro de Estudios de la Globalización y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, presentó una propuesta para remediar lo que, a su juicio, es una gran tragedia nacional: la política de drogas que ha implementado el Estado mexicano. 

Este documento consta de cuatro partes: 

La primera narra una historia de la prohibición, desde tiempos posteriores a la Revolución, hasta nuestros días. El común denominador ha sido una política punitiva, que en los últimos cuarenta años, y especialmente a partir de 2006, ha provocado un problema de magnitudes épicas.

La segunda parte se refiere a la grave situación que ha generado la prohibición: una epidemia de violencia que ha incidido en la baja de la esperanza de vida en algunos Estados (de ese tamaño es la tragedia); el desplazamiento de poblaciones enteras, tema del que no se habla tanto, pero que tiene un dramatismo yo diría dantesco, una verdadera crisis humanitaria en nuestro propio territorio; y la criminalización de los usuarios de estupefacientes. La sección termina con una propuesta para prevenir, tratar y reducir los daños que sufren las personas que usan drogas.

La tercera parte propone seis principios rectores alrededor de los cuales debería girar la política, ya no anti-drogas, sino simplemente la política de drogas: 1) derecho constitucional a la salud; 2) derecho al libre desarrollo de la personalidad; 3) enfoque en las políticas adaptado a las comunidades locales; 4) acceso efectivo a la información, medicinas y tratamiento; 5) revisión de las leyes y políticas públicas basada en evidencia científica; 6) regulación armonizada con el derecho internacional y los derechos humanos.

La cuarta parte es la más importante, pues en ella se hace una propuesta para pasar de la actual prohibición a una regulación de los narcóticos. La propuesta de despenalización y regulación se refiere no sólo a la cannabis, sino a todas las drogas, incluso la heroína, la cocaína y las anfetaminas.

Ernesto Zedillo

Ernesto Zedillo declaró que se equivocó en la política anti-drogas que aplicó durante su gobierno y se pronuncia sin ambages por la despenalización y regulación de los narcóticos. Vicente Fox, un poco más limitadamente, se ha pronunciado por la despenalización de la marihuana y Enrique Peña ha reconocido que la política anti-drogas que implementó no ha funcionado, es decir, ha fracasado. El único que no siente que cometió ningún error es Felipe Calderón. Sin embargo, el texto presentado por Zedillo y un grupo de expertos, señala que a partir de finales de 2006, con el golpe que el entonces nuevo presidente asestó al narco en su natal Michoacán, se generó una espiral de violencia sin precedentes que nos tiene sumidos en una situación de extrema gravedad.

Felipe Calderón llegó al poder muy cuestionado y con la sombra de un fraude electoral en perjuicio de su contrincante, Andrés Manuel López Obrador. El nuevo presidente tenía que asumir el cargo y actuar con brío, y para ello era necesaria una acción contundente. Se comenta y se dice que, de visita en Bogotá en octubre de 2006, como presidente electo, el presidente Álvaro Uribe, que había dado importantes golpes a las FARC y a los carteles, sugirió a Calderón llevar a cabo una acción masiva contra las organizaciones criminales mexicanas. Así nació la idea de una cruzada nacional, una guerra fulminante contra la delincuencia organizada. Esta política fue continuada por Enrique Peña. El resultado es, a doce años de que Calderón inició esta guerra, que la violencia en México es insostenible y el tráfico y consumo de drogas sigue al alza.

El informe explica cómo la política punitiva ha fomentado la existencia del mercado negro, y así las bandas criminales han encontrado el ambiente propicio para reproducirse, prosperar y enriquecerse. La inercia prohibitiva comenzó desde los años 1920’s por un prejuicio inadmisible: que el uso de drogas incidía en la preferencia sexual. El documento cita un dictamen de la Cámara de Diputados, del 7 de octubre de 1947, a propósito de unas reformas a los artículos 193, 194 y 197 del entonces Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federal. Lo que dice el dictamen parece haber sido extraído del más rancio y retrógrada catecismo: que el consumo de narcóticos conduce al narcisismo, a la homosexualidad y al autoerotismo, y por tanto desvirtúan el sentido del acto sexual, que es la procreación. La Cámara de Diputados, al aprobar este dictamen y las reformas a los artículos mencionados, se condujo sin la menor evidencia científica: legisló y endureció las penas de los delitos contra la salud, y lo hizo cegada por el prejuicio y la mojigatería. Zedillo señala que este prejuicio prevalece aún en nuestros días.

El texto explica con gran claridad cómo la localización geográfica de nuestro país le confirió una importancia estratégica en el tráfico hacia Estados Unidos de estupefacientes producidos en América del Sur, particularmente en Colombia. Durante la década de 1980, y dada la política punitiva, los carteles se vieron en la necesidad de reclutar grupos armados. Tuvieron los medios económicos para hacerlo; y no sólo eso, sino también pudieron reclutar militares de élite para entrenar a sus milicias. El poder económico de estas organizaciones les permitió sobornar a altos funcionarios de la Procuraduría General de la República e incluso oficiales del Ejército. Los carteles mexicanos tuvieron a su disposición ejércitos privados, equipados con armamento y tecnología de punta, cuya misión era proteger las rutas de la droga. Esto provocó que organizaciones rivales entraran en conflicto y crearan su propia guerra al tratar de expandir sus zonas de influencia y de operación.

Zedillo señala que el gobierno erró en el manejo de esta problemática. La política punitiva implementada desde los 1920’s no fue revisada, a pesar de no haber dado resultados, sino, peor aún, fue endurecida: «El gobierno decidió llevar la prohibición a niveles sin precedentes. La decisión, que tuvo lugar a fines de 2006, llevó la prohibición al extremo de usar fuerzas militares para sustituir a la policía en amplias partes del territorio. En retrospectiva, está claro que la profundización de la guerra contra las drogas que se dio hace casi doce años está asociada a la enorme escalada de violencia que sufre el país. En sí misma, esta escalada se ha convertido en un importante problema de salud pública en México y ha socavado las capacidades institucionales de los gobiernos federal y locales.»

El documento presenta numerosos datos y estadísticas en los que se aprecia que ese despliegue militar, que aumentó a escala masiva desde finales de 2006, es decir, desde Felipe Calderón, ha disparado la tasa de homicidio doloso y ha provocado violencia sin precedente. Por ejemplo, en 2007 hubo 48 enfrentamiento entre efectivos del Ejército y grupos criminales; en 2011 hubo 1009 enfrentamientos. Este incremento es casi inconcebible. Las fuerzas armadas también han caído en la desesperación y han incurrido en prácticas ilegales. Zedillo cita un estudio según el cual el uso de la fuerza por parte del ejército ha generado prácticas como la tortura, las violaciones al debido proceso y hasta ejecuciones extrajudiciales.

El texto también señala la responsabilidad del Estado mexicano en la emergencia de los mercados negros de estupefacientes. Zedillo dice que el mercado negro ha sido creado por el propio Estado, lo cual podría parecer a primera vista un disparate, pero es verdad, si se hace una consideración más serena. El gobierno ha querido desmantelar el mercado negro y para ello se ha valido de la fuerza bruta: el resultado ha sido una espiral de violencia como nunca la habíamos visto, y el fortalecimiento del mercado negro. En 2006 hubo 10,452 homicidios dolosos, según el INEGI; en 2011 la cifra casi se triplicó: 27,213. En 2017 fueron más de 31 mil y, por lo visto, 2018 romperá todos los récords. Y lo que es todavía más notable: la tasa de homicidios ha crecido más en los lugares en los cuales hay presencia de fuerzas militares. Cualquiera pensaría que con la presencia de las fuerzas armadas la incidencia delictiva y el homicidio serían menores, pero es al revés.

La violencia en México es tan grave, tan tremendamente grave, que se ha registrado una caída en la esperanza de vida. Supongo que el lector pensará que las cifras son exageradas, pero el estudio presentado por Zedillo y su equipo de expertos documenta que entre 2006 y 2010 hubo una disminución en la expectativa de vida a nivel nacional del 0,6%. Esta cifra podría lucir insignificante, pero no lo es. Esa cifra es un promedio; hay regiones en México, en específico Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde la expectativa de vida entre 2005 y 2010 cayó tres años. ¡Tres años! Y no porque existiera la peste bubónica o una guerra civil: esta caída es producto de la violencia, y la violencia es generada por la política punitiva contra las drogas.

La mortandad de suyo es un grave problema. Pero hay otro, del que se habla poco: el desplazamiento de poblaciones, tanto forzado como voluntario. Forzado, porque es parte de las tácticas de los carteles: se apoderan de las parcelas y ranchos de la población; voluntarios, pues es tal la inseguridad y la violencia, que miles huyen para salvar sus vidas. Zedillo cita un informe según el cual en estos doce años casi 330 mil personas han sido desplazadas de sus poblaciones. El gobierno ha sido absolutamente impotente ante esta crisis; es más, ni siquiera reconoce la crisis.

El documento propone dos medidas que deben adoptarse inmediatamente:

1. La liberación de personas privadas de la libertad por delitos de drogas no violentos.
2. La despenalización del uso de todas las drogas.

Las personas muy conservadoras de inmediato se cierran ante estas propuestas. ¡Cómo vamos a sacar de la cárcel a los narcotraficantes! ¡Cómo vamos a despenalizar las drogas, si eso sería tanto como fomentar la drogadicción! Pero hay que estudiar las propuestas.

Toda persona que haya sido encarcelada por posesión simple de drogas debe ser liberada, ya sea mediante la revocación de sentencia o a través de amnistía. El texto señala que los límites no punibles de posesión de narcóticos son deliberadamente bajos, de manera que la posesión ya es de suyo un delito. Esto no es otra cosa sino la criminalización y la discriminación de los usuarios de drogas. Un grupo especialmente vulnerable son los campesinos y las mujeres detenidos por delitos contra la salud. Si la plantación y producción de cannabis y amapola fuera regulada, los campesinos que ahora apenas sobreviven produciendo estos vegetales, serían los primeros beneficiados de una regulación no punitiva. El informe no lo dice, pero esto sería un motor económico que los haría salir de la pobreza en muy poco tiempo. Finalmente, el hecho de poseer una cantidad de droga mayor que lo que determina la ley –umbral que, ya señalé, es muy bajo– no significa que el tenedor sea un narcotraficante. La posesión de cantidades mayores de estos umbrales es de suyo un delito, lo cual es absurdo. Zedillo propone que aún cuando una persona sea detenida en posesión de cantidades mayores a las permitidas, debe ser demostrada plenamente la intención de comercial ilegalmente. Pero hasta eso tendría solución, pues si se regulan las drogas, será lícito comercial con ellas.

Hay una tercera propuesta para implementarse, no de inmediato, pero sí en el corto o mediano plazo: el acceso legal y regulado de las drogas.

Se citan dos modelos: la industria de los estupefacientes en manos de emprendedores privados, como es el caso de los que comercian con cannabis en algunos estados de la Unión Americana; o el monopolio estatal, como sucede en Uruguay. El ex-presidente Zedillo parece pronunciarse por un sistema mixto.

El reto del nuevo gobierno es enorme. ¿Estará a la altura de las circunstancias? Ojalá que sí. Sin duda este documento presentado por Ernesto Zedillo será una herramienta muy importante.