El ilegal decreto de López Obrador

El ilegal decreto de López Obrador

Por Venus Rey Jr.

1. El decreto que emitió hace unos días el presidente López Obrador para “blindar” sus proyectos estratégicos, es tan ilegal como los narcóticos ilegales. No se espante, estoy usando la hipérbole como recurso narrativo, pero el decreto es ilegal y voy explicar las razones.

2. El pasado lunes 22 de noviembre se publicó este decreto en el Diario Oficial. El texto ordena que los proyectos y obras del gobierno federal (aeropuerto Felipe Ángeles, refinería Dos Bocas, Tren Maya y lo que el presidente añada y quiera) son declarados de “interés público” y “seguridad nacional”, “estratégicos” y “prioritarios”, y por tal motivo se “blindan” contra trabas administrativas.

3. El presidente invoca la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89 constitucional en su fracción primera. ¿Qué lugar ocupa este “decreto” dentro de la jerarquía normativa nacional? Como usted sabe, el pináculo del sistema jurídico es la constitución y los tratados en materia de derechos humanos. En un segundo nivel están los tratados internacionales en general, y en un tercer nivel, ocupando la misma jerarquía, tenemos al derecho federal, por un lado, y a los derechos de los Estados, por otro lado. En un nivel todavía inferior estarían los reglamentos, que son emitidos por el presidente de la república o por los gobernadores, según se implementen para mejor proveer en la esfera administrativa federal o estatal. 

4. El decreto del presidente Obrador no es ni siquiera un reglamento. Es un simple y vil acuerdo. No digo “vil” en sentido peyorativo, sino para hacer énfasis en su muy menor jerarquía normativa. Vaya, es prácticamente una circular. Y el problema no es ese. El problema es que a través de este “decreto” el presidente quiere dejar sin efecto el derecho administrativo de la federación. Eso es ilegal como las anfetaminas, o incluso más. ¿Por qué? Porque todo proyecto gubernamental requiere, por ley, permisos, revisiones y dictámenes en lo administrativo, en su viabilidad, en la cuestión ambiental, sanitaria, demográfica, etcétera, y además es susceptible de vulnerar garantías y derechos de terceros y de comunidades enteras. Este “decreto” obliga a todas las dependencias y agencias federales a autorizar provisionalmente, “fast track”, y sin revisión alguna, en el plazo de cinco días hábiles, los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras del presidente. Si transcurre el plazo de cinco días sin que la autoridad resuelva, se entiende que autoriza. Desde el punto de vista jurídico esto es tan ridículo que nadie debería reír. Podría hacer nugatorio el juicio de garantías.

5. Aclaro que lo que estoy diciendo no tiene que ver con las obras insignia de este gobierno. Personalmente veo con beneplácito el Tren Maya, tengo dudas sobre Dos Bocas y me parece un capricho la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que supuestamente se canceló por tremenda corrupción, pero no hay nadie en prisión por esos hechos, sino, al contrario, muchos de los contratistas que construían Texcoco, además de ser prolijamente indemnizados, ahora están participando en los mega proyectos presidenciales. Pero eso es otro tema. Lo que me interesa destacar es el desprecio al Estado de Derecho que supone este “decretazo”.

6. El presidente Obrador es muy dado a “decretar”. He visto decretos malos y chirriantes, como aquel de 23 de abril de 2020 (en su momento lo comenté), según el cual, para salir avante en la pandemia, se iban a crear “por decreto” al menos dos millones de empleos para antes de que terminara aquel año. Todos sabemos que no se crearon esos empleos. Al contrario, se perdieron millones. Aquel “decreto” fue producto de la fantasía y muestra lo ridículo que puede llegar a ser el presidencialismo mexicano (no lo digo por Obrador, sino por todos los presidentes mexicanos que son siempre abusivos y ególatras: nacionalizan por decreto, privatizan por decreto, “crean” empleos por decreto, regulan la paridad por decreto, se dan a sí mismos honores, pensiones y seguridad por decreto… etcétera).

7. Yo entiendo que el presidente Obrador sienta frustración al ver cómo las trabas administrativas y los amparos ralentizan sus proyectos, y tampoco soy tan ingenuo para pensar que muchas de esas trabas y amparos son utilizados por quienes se oponen a dichos proyectos, con la intención de que fracasen y para hacer ver mal al presidente. Pero la forma de combatir este, digamos, “boicot jurídico”, no es un “decretazo” al estilo de república bananera que rompa la jerarquía normativa. Ahí está la normatividad que rige la administración pública federal, y todas esas leyes no pueden ser pasadas por alto a través de una circular o acuerdo del presidente, pues la facultad reglamentaria nunca permite al jefe del ejecutivo ir más allá de las leyes.

8. Y no solo este “decreto” va más allá de las leyes federales, a las cuales de facto deroga, sino también se alza contra la constitución. Mire usted que por mandato constitucional toda obra, todo proyecto, toda acción, todo lo que haga el gobierno federal debe ser absolutamente público y transparente, y solo podrá ser reservada información por razones de interés público y seguridad nacional (artículo 6, A, I). Este “decretazo” es un cheque en blanco, pues faculta al presidente para decir de manera discrecional y sin rendir cuentas a nadie, cuáles de sus obras, acciones y proyectos son de interés público y seguridad nacional, no solo Felipe Ángeles, Dos Bocas y Tren Maya, sino prácticamente cualquier obra o proyecto que el presidente quiera. El “decreto” es una estaca clavada en el corazón de la transparencia, y, por tanto, un salvoconducto a la corrupción, que, según el presidente, es lo más horrible que existe en el planeta.

9. El presidente dice con mucha frecuencia algo que sus seguidores recitan de memoria: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, pero el “decreto” mismo está al margen de la ley, y de facto ensalza a Obrador por encima de la ley. Es cuestión de tiempo para que la Suprema Corte de Justicia lo declare anticonstitucional. 

10. Y para terminar, ¿se ha preguntado por qué México está desde siempre estancado, sumido en la violencia, la corrupción y la pobreza? Si es usted simpatizante de Obrador, en automático dirá que por culpa de los conservadores neo-liberales, y si usted es de los que no soporta a Obrador dirá, también en automático, que es por culpa de él. A ese nivel está la discusión, la obcecación y la polarización. La historia de México muestra una y otra vez que siempre hay culpables del fracaso perenne: los realistas en la Independencia, los conservadores en la intervención francesa y en la Reforma, los extranjeros, terratenientes y empresarios en la Revolución; la oposición durante el régimen priísta; y ahora los malvados neo-liberales. Es muy fácil señalar culpables cuando tus políticas no funcionan. Insisto, no lo digo por el actual presidente, sino por todos. 

11. En mi opinión, y ya escribiré sobre ello más adelante –estoy preparando un texto grande y sustancioso–, el verdadero problema de nuestro país es el régimen presidencial. La historia no se cansa de mostrarnos que cuando el poder político se concentra tanto en una persona, las posibilidades de abuso, estupidez y error crecen exponencialmente. El régimen presidencial permite a los sujetos que han sido presidentes “decretar” como dioses y gobernar como demonios. Mientras exista nuestro presidencialismo, los mexicanos seguiremos siendo víctimas del abuso, la sinrazón y la prepotencia, y el país seguirá sumido en la desgracia.

Mi artículo fue publicado el jueves 25 de noviembre de 2021 en el portal de noticias del periodista Eduardo Ruiz Healy: https://ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/el-ilegal-decreto-de-lopez-obrador/ 

Traición a la patria de los abogados: ¿exageración o realidad?

Por Venus Rey Jr

1. El gremio de los abogados –gremio al que también pertenezco– manifestó preocupación por lo que dijo el presidente Obrador en la conferencia matutina del lunes 22 de febrero. En relación a la reforma eléctrica que envió al Congreso, dijo: “Una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México; claro que son libres, pero ojalá vayan internalizando que eso es traición a la patria.”

2. Para los seguidores del presidente y simpatizantes duros de Morena, las palabras de AMLO son cómo música para los oídos. Revive el discurso decimonono de conservadores vs liberales, siendo los primeros malos-malos-malos, y los segundos buenos-buenos-buenos. Los conservadores son los traidores de la patria; los liberales son sus defensores.

3. A principios de 2014, López Obrador presentó una denuncia contra el entonces presidente Peña Nieto, acusándolo de traición a la patria, pues según el político tabasqueño, la reforma energética se negoció en Londres y en Washington para que las grandes empresas del sector se apoderaran de la riqueza de México, lo cual, a su juicio, constituía el referido delito. La denuncia no prosperó, ni en tiempos de Peña ni ahora con la Fiscalía bajo el mando de Gertz Manero. Probar que una reforma constitucional fue ordenada por británicos y estadounidenses en Londres y Washington es virtualmente imposible. Pero como discurso es muy bueno y sigue dando frutos.

4. Si uno analiza el tipo penal de “Traición a la patria”, se aprecia que se trata de un delito complejo y multimodal, que en muchas de sus hipótesis presupone un estado de conflagración. Analizando las diversas fracciones del artículo 123 del Código Penal, no veo factible que se configure el delito si un abogado mexicano representa a una empresa extranjera del sector energético en un litigio.

5. El delito se castiga hasta con cuarenta años de prisión. Así que, si de verdad López Obrador cree que los abogados que trabajan o representan a las compañías extranjeras que operan en México en el sector eléctrico, y en general en el sector de energía, cometen el delito de traición, la Fiscalía General de la República va a tener mucho trabajo preparando expedientes para incriminar a un sinnúmero de abogados y despachos. ¿Por qué? Porque la reforma eléctrica que va a aprobar el Congreso provocará una lluvia de amparos. Los más contentos con la reforma eléctrica van a ser las grandes firmas legales. Van a “hacer su agosto”. Y van a “hacer su agosto” no porque sean malos y pérfidos y se coludan con los extranjeros para hundir a México, sino porque la reforma eléctrica es anticonstitucional y además atenta contra el TEMEC –en otro momento hablaré de eso–.

6. López Obrador es muy hábil. Lo que dijo podrá parecer a muchos de sus despistados opositores una ocurrencia “al calor de la mañanera”, pero no. Obrador habla a sus seguidores y los exalta. Si los abogados que trabajan y representan a extranjeros en litigios contra México cometen traición a la patria, ¿qué podríamos decir de los jueces que van a resolver esa lluvia de amparos que está por caer una vez que la reforma eléctrica agote el proceso legislativo?

7. Si la reforma eléctrica es inconstitucional, no sólo los particulares afectados promoverán amparos, también los grupos minoritarios del congreso podrán plantear una acción de inconstitucionalidad. Si los jueces empiezan a resolver amparos en favor de las empresas extranjeras, como es previsible, López Obrador podrá decir que sí, que es verdad que intereses oscuros corrompen a la judicatura y que hay que purgarla, y sus seguidores van a estar encantados con ese discurso. Y si se planteara una acción de inconstitucionalidad, entonces la Corte se vería entre la espada y la pared, pues un fallo que declare inconstitucional la reforma eléctrica del presidente los haría ver, ante los ojos de los lopezobradoristas, como traidores. Recordemos lo que dijo el muy apreciado –muy apreciado por la cúpula de Morena, quiero decir– Félix Salgado Macedonio hace unos meses: “estaremos aquí planteando [en el senado] la desaparición de la Corte.”

8. Y eso no es todo. Como la reforma eléctrica privilegia a la CFE, que tendrá preferencia (por no decir monopolio) en todo lo que tenga que ver con electricidad, se estará violando el TEMEC y nuestro país podrá ser demandado en instancias internacionales. Si el Estado mexicano pierde los litigios, Obrador podrá decir que tenía razón, que desde Washington y Londres se ordenó la reforma para México y que no queda más remedio que cerrar filas y asumir un estoicismo patriótico contra la conspiración internacional.

9. Toda persona, física o moral, nacional o extranjera, tiene derecho a representación legal. Es un derecho constitucional. Decir que los abogados mexicanos que representan a las empresas extranjeras cometen traición a la patria es tanto como decir que las personas morales extranjeras no tienen derecho de ser representadas legalmente ni tienen el derecho de defenderse en los tribunales, lo cual es absurdo. Si la reforma eléctrica es vencida en amparos, en acciones de inconstitucionalidad y en litigios internacionales, podremos decir que la lealtad de los congresistas de Morena no fue con la Constitución al aprobarla, sino con el presidente.

10. Así como los congresos dominados por el PRI aprobaron tantas cosas nocivas para México sólo porque el presidente en turno lo ordenaba, destruyendo una y otra vez al país, así los legisladores de Morena, que aprueban lo que viene del presidente sin modificar una coma, sin analizar, sin ejercer la libertad y la responsabilidad, podrían dañar al país si no tienen cuidado en lo que legislan. La lealtad de los congresos priístas del 1934 al 2000 era con México y con la Constitución, no con el Imperator o Calígula en turno. Lo mismo debe decirse de la lealtad del actual Congreso de la Unión: es con la Constitución y con el Estado Mexicano, no con el presidente. Yo no tengo ninguna cortedad para afirmar que el régimen priísta traicionó una y otra vez al pueblo de México. Y lo mismo los llamados gobiernos neoliberales. No vaya a ser que suceda lo mismo con la cuarta transformación, porque el Congreso está bailando al son que les marca el presidente.

11. Y hablando del ejercicio de la profesión, la única lealtad que debe tener un abogado es con la ley, con el Estado de Derecho, con la Constitución y con la Justicia, aunque esto parezca una carta a Santa Claus y sólo lo crean las abuelitas de los abogados.

12. El presidente se ha distinguido por hacer afirmaciones duras que encienden ánimos. Ya estamos en el tercer año de gobierno. La verdad es que la reacción del gremio de los abogados fue también estridente, como si ya los estuvieran llevando al Cerro de las Campanas, patíbulo de conservadores. El presidente dice muchas cosas, y lo hace porque le funciona de maravilla: mientras más radicales son sus dichos, más contenta está su gente. Como dice una canción de Bob Dylan: “The more, the merrier”. Ya debería ser la hora en que no se espantaran tanto sus opositores. Seguirá diciendo todos los días cosas como eso de la traición a la patria. Pero, en mi limitada opinión, es más estridencia que peligro.

13. Y ya para terminar, dos cuentos. En uno de ellos, la princesa Amanecer y su amigo Terri llegan a una ciudad donde todos los habitantes están en silencio para no despertar al temible Ronquidón, pues temen que si se despierta, los destruirá. La vida de estos seres es miserable y viven siempre con miedo. Llega el día tan temido por ellos: Cascarrabias y su torpe dragón hacen tal ruido persiguiendo a la princesa y su amigo, que despiertan a Ronquidón. ¡Dies Irae! Pero no. Ronquidón es un ser inofensivo y diminuto cuyos pequeños ronquidos eran amplificados por el eco de un campanario, y eso hacía pensar a los habitantes que se trataba del ronquido de un terrible monstruo. Así que despertó Ronquidón y… No pasó nada. El segundo cuento es terrible, porque de hecho sucedía. Los aztecas pensaban que si no hacían sacrificios humanos todos los días, el sol ya no saldría al día siguiente y el mundo acabaría. Hubo un día en que no hubo el tal sacrificio. No pasó absolutamente nada.

El despertar de Ronquidón

Mi artículo fue publicado el día de hoy en la plataforma del periodista Julio Hernández “Astillero”. Puedes verlo en este link: https://julioastillero.com/traicion-a-la-patria-de-los-abogados-exageracion-o-realidad-autor-venus-rey-jr/

Fracaso de la izquierda y la derecha en América Latina

El problema no es la izquierda ni la derecha: el problema es la corrupción y el mal gobierno

Por Venus Rey Jr
Publicado originalmente en el número 28 de la revista Ruiz Healy Times, p. 18. Descarga un ejemplar de esta publicación aquí

Cuando la izquierda llega al poder, culpa de todos los males del país a la perversa derecha. Y lo mismo sucede viceversa: ¡Ah, la perversa izquierda!, dicen. Lo hemos visto en Argentina, en Brasil y, no sería raro, dadas las tendencias, que pudiéramos verlo en México.

Dilma Roussef y Luiz Inácio Lula da Silva

Luiz Inácio Lula Da Silva prometió erradicar la corrupción, crear prosperidad para la nación y rescatar a millones de brasileños de la pobreza extrema. Su proyecto fue refrendado en el voto que el pueblo de Brasil otorgó a Dilma Roussef, quien ganó la presidencia pero no pudo finalizar su periodo porque el Senado incoó contra ella un proceso de destitución por escándalos de corrupción. Entonces Michel Temer, de un partido de centro, asumió la presidencia. ¿Qué pasó? Lula está en prisión, Roussef fue destituida y Temer enfrenta graves problemas legales y muy probablemente también vaya a la cárcel. La izquierda brasileña no está exenta de la mácula de la corrupción.

Antes, los presidentes de derecha habían hecho de las suyas en Brasil. El gobierno fue fuente inagotable de riquezas para los políticos. El derechista Fernando Collor de Melo ganó la presidencia venciendo a Lula Da Silva (en su primer intento por alcanzar el poder) y asumió el cargo en marzo de 1990 prometiendo que renovaría moralmente al país y que acabaría con la corrupción, pero no duró ni tres años, porque el Congreso lo destituyó, para no variar, por escándalos de corrupción. El joven presidente Collor de Melo –la persona más joven jamás en el cargo–, que había alimentado las esperanzas de millones de brasileños, resultó ser una muy dolorosa desilusión. La derecha había, pues, fallado. Lula Da Silva no dejó de aprovechar la situación para señalar y condenar a la derecha e hizo todo lo posible para que Fernando Collor fuera destituido. Itamar Franco acabó el periodo y de nuevo llegó el momento de una nueva elección.

Lula estaba seguro que esta vez vencería. El contrincante fue Fernando Henrique Cardoso, ministro de Hacienda del gobierno saliente. No era el candidato de la derecha, sino del centro. La derecha, después del vergonzoso episodio de Collor de Melo, no tenía posibilidades de ganar. La estrategia de Lula en esta nueva campaña fue señalar que todos los aspirantes a la presidencia, menos él, claro, tenían las manos manchadas de corrupción. Pero el electorado brasileño se mostró temeroso ante la posibilidad de que la izquierda progresista arribara al poder. 

Cardoso venció dos veces a Lula. El final de su segundo periodo se caracterizó por problemas económicos que provocaron devaluación y pérdida del poder adquisitivo. También hubo sonados casos de corrupción. Lula aprovechó estas circunstancias y finalmente ganó la presidencia venciendo al candidato oficialista.

Felipe Calderón y Luiz Inácio Lula da Silva

Las cosas marcharon relativamente bien para Lula. Se convirtió en un referente mundial, en el indiscutible líder de las Américas. Mientras México tenía a Fox y luego a Calderón, Brasil tenía un estadista respetado y reconocido por todos. Al final de su mandato gozaba de gran popularidad y aprobación, de modo que fue relativamente fácil que la candidata de izquierda, Dilma Roussef, se llevara la elección. Pero, como señalé al principio, el sueño de la izquierda brasileña acabó en una pesadilla.

Derecha, izquierda y centro fracasaron. El saldo: un presidente en prisión (Lula), una presidente destituida (Roussef), otro presidente en proceso penal por corrupción (Temer) y un pueblo brasileño empobrecido y humillado. 

Jair Bolsonaro

En todos los países, la administración en turno es la “peor de la historia” y es quien paga los platos rotos. Eso fue lo que pasó con Lula y Roussef, pues, a final de cuentas, Temer fue sólo el designado para terminar el periodo de la Roussef. Así pues, el culpable actual de todos los males de Brasil, según el adagio que dice que el presidente en turno es el peor, es la izquierda: el PT o Partido de los Trabajadores. El pueblo de Brasil llegó a un “hasta-aquí” y le pasó factura al izquierdista Fernando Haddad: eligió a Jair Bolsonaro, candidato de la extrema derecha. La desilusión del electorado brasileño convirtió a un fascista en presidente. ¿Será capaz de erradicar la corrupción y el mal gobierno?

La corrupción no es algo que se pueda erradicar fácilmente. Me refiero a nuestros países latinoamericanos. Está tan arraigada, que es inconcebible pensar en México, Brasil, Argentina, etcétera, sin ella. Es una vergüenza decirlo, pero la corrupción es parte de la esencia de las democracias latinoamericanas. Como no puede ser extirpada a través de medios ordinarios, es decir, por la simple aplicación de la ley, se requieren acciones rotundas y extremas. Por eso la corrupción está mostrando ser campo fértil y caldo de cultivo para los populismos más extremos. Lo hemos visto muy claramente en Brasil.

Argentina es un caso increíble y un ejemplo de cómo la corrupción y el mal gobierno son capaces de arruinar las condiciones económicas más favorables. Es un país que no tiene desigualdades educativas y culturales tan extremas como las de Brasil o México, ni tiene una población gigantesca. Argentina es un país enorme, con un territorio muy fértil y con toda clase de recursos naturales. Es tan rica que es inconcebible que haya pobreza. Con poco menos de 45 millones de habitantes, si Argentina se administrara y gobernara bien a sí misma, debería tener condiciones de bienestar material aún mejores que Canadá. Pero no: Argentina es un caos y cada vez va peor. A pesar de tener algunas de las regiones más fértiles del mundo, hay argentinos que padecen hambre.

La democracia llegó a Argentina después de una dolorosa y criminal dictadura militar. Videla, Viola, Galtieri y Bignone encabezaron uno de los regímenes militares más sanguinarios que se han visto en el continente. Pero al fin llegó la democracia y con ella la esperanza de millones.

Ménem en campaña

Las cosas marcharon mal desde el primer presidente del nuevo periodo democrático. El centro-izquierdista Raúl Alfonsín enfrentó problemas económicos muy graves que llevaron al país a una hiperinflación. No terminó el mandato y el cargo fue asumido por quien ahora es uno de los personajes más odiados en la historia del país sudamericano: Carlos Saúl Menem. Con todo y que su partido, el Justicialista, se puede definir como de centro, Menem emprendió acciones y políticas económicas neoliberales, e inició un proceso de privatización muy similar al que llevó a cabo Carlos Salinas en México. Menem fue el Salinas argentino; Salinas fue el Menem mexicano. Privatizaron absolutamente todo y durante sus mandatos tuvieron lugar algunos de los episodios de corrupción más escandalosos de que se tenga noticia.

El gobierno de Menem acabó tan mal o peor que el de Alfonsín: en el último año de su administración se colapsó el sistema bancario del país y el producto interno bruto decreció 4 puntos. O sea, el PIB en 1999 fue de -4%, una verdadera tragedia. La figura de Menem fue tan infame, que los argentinos ni siquiera pronuncian su nombre, porque es como de mal agüero. Se refieren a él como “quien tú ya sabes”, algo así como “el innombrable” Salinas. El desencanto de los argentinos fue mayúsculo y millones de personas lo perdieron todo mientras veían cómo el presidente y los políticos se enriquecían a manos llenas.

Si los argentinos pensaron que con Menem tocaron fondo, se equivocaron. En la misma línea neoliberal, asumió la presidencia Fernando de la Rúa. La situación económica era tan caótica –la gente ya no pudo sacar su dinero del banco durante el angustiante episodio conocido como El corralito– y la inflación estaba tan fuera de control, que el presidente de la Rúa tuvo que renunciar al segundo año del cargo. No pudo: tiró la toalla, por motu propio y por presiones políticas, pero se fue. Y créalo usted o no: el partido de Menem volvió al poder (algo así como el regreso del PRI después de las administraciones panistas).

De la Rúa fue sustituido por Adolfo Rodríguez Saá, del Partido Justicialista, pero duró apenas ocho días en el cargo. En medio de las más completa inestabilidad, Eduardo Duhalde pudo completar el periodo de De la Rúa. Y entonces llegó el populismo de izquierda: los Kirchner.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández

López Obrador protesta como presidente legítimo  de México

2003 fue un año importante para la izquierda latinoamericana: ese año llegaron al poder Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner. Para entonces, Hugo Chávez, un izquierdista aún más radical, ya gobernaba Venezuela desde 1999. Se decía que la América Latina doblaba hacia la izquierda, y era verdad: el progresista Tabaré Vazquez ganó las elecciones en Uruguay en 2005, Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia en 2006, Rafael Correa se convirtió en presidente de Ecuador en 2007 y ese mismo año Daniel Ortega asumió el poder en Nicaragua. Cualquiera hubiera dicho que por esas fechas la ola izquierdista también impactaría a México, y de hecho sí. La izquierda mexicana puso en serios problemas a la derecha en las elecciones de 2006. Ahora se sabe que la izquierda en México ganó la presidencia desde 1988, pero fue víctima de fraude. México habría sido uno de los primeros países en ser gobernados por la izquierda, pero por azares del destino, la izquierda mexicana ha sido de las últimas en llegar al poder. Y quizá sí sea cierto que en 2006 López Obrador ganó la presidencia. Nunca lo sabremos a ciencia cierta, porque los materiales electorales fueron destruidos. 

Volviendo a Argentina… tras doce años de gobierno izquierdista, los argentinos acabaron económicamente quebrados, muy desilusionados y… claro, votaron por la derecha. Resulta que se han abierto causas de corrupción contra funcionarios de las administraciones de los Kirchner, incluida la propia Cristina Fernandez, que no ha podido ser llevada a la justicia porque, en su calidad de senadora, goza de fuero. La crisis financiera le ha explotado en la cara a Mauricio Macri: de nuevo hiperinflación, alza de los precios de los combustibles, devaluación, desabasto y muchos males más, lo cuales, según el actual gobierno, se deben a los excesos populistas, asistencialistas y clientelares de los Kirchner. ¡Ah, la perversa izquierda!

Mauricio Macri

Cómo sea, centros, izquierdas y derechas fracasaron tanto en Brasil como en Argentina, y sumieron a ambos países en toda clase de males económicos, políticos y sociales.

La derecha y el centro han fracasado en México. Y ahora la izquierda llega y promete acabar con la corrupción y el mal gobierno. A diferencia de Argentina y Brasil, ¿tendrá éxito en esta misión? Pronto lo sabremos.

Política anti-drogas: una tragedia nacional

Por Venus Rey Jr

Publicado originalmente en el número de octubre 2018 de la revista Ruiz Healy Times. 
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La última semana de septiembre, el ex-presidente Ernesto Zedillo, en calidad de director del Centro de Estudios de la Globalización y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, presentó una propuesta para remediar lo que, a su juicio, es una gran tragedia nacional: la política de drogas que ha implementado el Estado mexicano. 

Este documento consta de cuatro partes: 

La primera narra una historia de la prohibición, desde tiempos posteriores a la Revolución, hasta nuestros días. El común denominador ha sido una política punitiva, que en los últimos cuarenta años, y especialmente a partir de 2006, ha provocado un problema de magnitudes épicas.

La segunda parte se refiere a la grave situación que ha generado la prohibición: una epidemia de violencia que ha incidido en la baja de la esperanza de vida en algunos Estados (de ese tamaño es la tragedia); el desplazamiento de poblaciones enteras, tema del que no se habla tanto, pero que tiene un dramatismo yo diría dantesco, una verdadera crisis humanitaria en nuestro propio territorio; y la criminalización de los usuarios de estupefacientes. La sección termina con una propuesta para prevenir, tratar y reducir los daños que sufren las personas que usan drogas.

La tercera parte propone seis principios rectores alrededor de los cuales debería girar la política, ya no anti-drogas, sino simplemente la política de drogas: 1) derecho constitucional a la salud; 2) derecho al libre desarrollo de la personalidad; 3) enfoque en las políticas adaptado a las comunidades locales; 4) acceso efectivo a la información, medicinas y tratamiento; 5) revisión de las leyes y políticas públicas basada en evidencia científica; 6) regulación armonizada con el derecho internacional y los derechos humanos.

La cuarta parte es la más importante, pues en ella se hace una propuesta para pasar de la actual prohibición a una regulación de los narcóticos. La propuesta de despenalización y regulación se refiere no sólo a la cannabis, sino a todas las drogas, incluso la heroína, la cocaína y las anfetaminas.

Ernesto Zedillo

Ernesto Zedillo declaró que se equivocó en la política anti-drogas que aplicó durante su gobierno y se pronuncia sin ambages por la despenalización y regulación de los narcóticos. Vicente Fox, un poco más limitadamente, se ha pronunciado por la despenalización de la marihuana y Enrique Peña ha reconocido que la política anti-drogas que implementó no ha funcionado, es decir, ha fracasado. El único que no siente que cometió ningún error es Felipe Calderón. Sin embargo, el texto presentado por Zedillo y un grupo de expertos, señala que a partir de finales de 2006, con el golpe que el entonces nuevo presidente asestó al narco en su natal Michoacán, se generó una espiral de violencia sin precedentes que nos tiene sumidos en una situación de extrema gravedad.

Felipe Calderón llegó al poder muy cuestionado y con la sombra de un fraude electoral en perjuicio de su contrincante, Andrés Manuel López Obrador. El nuevo presidente tenía que asumir el cargo y actuar con brío, y para ello era necesaria una acción contundente. Se comenta y se dice que, de visita en Bogotá en octubre de 2006, como presidente electo, el presidente Álvaro Uribe, que había dado importantes golpes a las FARC y a los carteles, sugirió a Calderón llevar a cabo una acción masiva contra las organizaciones criminales mexicanas. Así nació la idea de una cruzada nacional, una guerra fulminante contra la delincuencia organizada. Esta política fue continuada por Enrique Peña. El resultado es, a doce años de que Calderón inició esta guerra, que la violencia en México es insostenible y el tráfico y consumo de drogas sigue al alza.

El informe explica cómo la política punitiva ha fomentado la existencia del mercado negro, y así las bandas criminales han encontrado el ambiente propicio para reproducirse, prosperar y enriquecerse. La inercia prohibitiva comenzó desde los años 1920’s por un prejuicio inadmisible: que el uso de drogas incidía en la preferencia sexual. El documento cita un dictamen de la Cámara de Diputados, del 7 de octubre de 1947, a propósito de unas reformas a los artículos 193, 194 y 197 del entonces Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federal. Lo que dice el dictamen parece haber sido extraído del más rancio y retrógrada catecismo: que el consumo de narcóticos conduce al narcisismo, a la homosexualidad y al autoerotismo, y por tanto desvirtúan el sentido del acto sexual, que es la procreación. La Cámara de Diputados, al aprobar este dictamen y las reformas a los artículos mencionados, se condujo sin la menor evidencia científica: legisló y endureció las penas de los delitos contra la salud, y lo hizo cegada por el prejuicio y la mojigatería. Zedillo señala que este prejuicio prevalece aún en nuestros días.

El texto explica con gran claridad cómo la localización geográfica de nuestro país le confirió una importancia estratégica en el tráfico hacia Estados Unidos de estupefacientes producidos en América del Sur, particularmente en Colombia. Durante la década de 1980, y dada la política punitiva, los carteles se vieron en la necesidad de reclutar grupos armados. Tuvieron los medios económicos para hacerlo; y no sólo eso, sino también pudieron reclutar militares de élite para entrenar a sus milicias. El poder económico de estas organizaciones les permitió sobornar a altos funcionarios de la Procuraduría General de la República e incluso oficiales del Ejército. Los carteles mexicanos tuvieron a su disposición ejércitos privados, equipados con armamento y tecnología de punta, cuya misión era proteger las rutas de la droga. Esto provocó que organizaciones rivales entraran en conflicto y crearan su propia guerra al tratar de expandir sus zonas de influencia y de operación.

Zedillo señala que el gobierno erró en el manejo de esta problemática. La política punitiva implementada desde los 1920’s no fue revisada, a pesar de no haber dado resultados, sino, peor aún, fue endurecida: «El gobierno decidió llevar la prohibición a niveles sin precedentes. La decisión, que tuvo lugar a fines de 2006, llevó la prohibición al extremo de usar fuerzas militares para sustituir a la policía en amplias partes del territorio. En retrospectiva, está claro que la profundización de la guerra contra las drogas que se dio hace casi doce años está asociada a la enorme escalada de violencia que sufre el país. En sí misma, esta escalada se ha convertido en un importante problema de salud pública en México y ha socavado las capacidades institucionales de los gobiernos federal y locales.»

El documento presenta numerosos datos y estadísticas en los que se aprecia que ese despliegue militar, que aumentó a escala masiva desde finales de 2006, es decir, desde Felipe Calderón, ha disparado la tasa de homicidio doloso y ha provocado violencia sin precedente. Por ejemplo, en 2007 hubo 48 enfrentamiento entre efectivos del Ejército y grupos criminales; en 2011 hubo 1009 enfrentamientos. Este incremento es casi inconcebible. Las fuerzas armadas también han caído en la desesperación y han incurrido en prácticas ilegales. Zedillo cita un estudio según el cual el uso de la fuerza por parte del ejército ha generado prácticas como la tortura, las violaciones al debido proceso y hasta ejecuciones extrajudiciales.

El texto también señala la responsabilidad del Estado mexicano en la emergencia de los mercados negros de estupefacientes. Zedillo dice que el mercado negro ha sido creado por el propio Estado, lo cual podría parecer a primera vista un disparate, pero es verdad, si se hace una consideración más serena. El gobierno ha querido desmantelar el mercado negro y para ello se ha valido de la fuerza bruta: el resultado ha sido una espiral de violencia como nunca la habíamos visto, y el fortalecimiento del mercado negro. En 2006 hubo 10,452 homicidios dolosos, según el INEGI; en 2011 la cifra casi se triplicó: 27,213. En 2017 fueron más de 31 mil y, por lo visto, 2018 romperá todos los récords. Y lo que es todavía más notable: la tasa de homicidios ha crecido más en los lugares en los cuales hay presencia de fuerzas militares. Cualquiera pensaría que con la presencia de las fuerzas armadas la incidencia delictiva y el homicidio serían menores, pero es al revés.

La violencia en México es tan grave, tan tremendamente grave, que se ha registrado una caída en la esperanza de vida. Supongo que el lector pensará que las cifras son exageradas, pero el estudio presentado por Zedillo y su equipo de expertos documenta que entre 2006 y 2010 hubo una disminución en la expectativa de vida a nivel nacional del 0,6%. Esta cifra podría lucir insignificante, pero no lo es. Esa cifra es un promedio; hay regiones en México, en específico Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde la expectativa de vida entre 2005 y 2010 cayó tres años. ¡Tres años! Y no porque existiera la peste bubónica o una guerra civil: esta caída es producto de la violencia, y la violencia es generada por la política punitiva contra las drogas.

La mortandad de suyo es un grave problema. Pero hay otro, del que se habla poco: el desplazamiento de poblaciones, tanto forzado como voluntario. Forzado, porque es parte de las tácticas de los carteles: se apoderan de las parcelas y ranchos de la población; voluntarios, pues es tal la inseguridad y la violencia, que miles huyen para salvar sus vidas. Zedillo cita un informe según el cual en estos doce años casi 330 mil personas han sido desplazadas de sus poblaciones. El gobierno ha sido absolutamente impotente ante esta crisis; es más, ni siquiera reconoce la crisis.

El documento propone dos medidas que deben adoptarse inmediatamente:

1. La liberación de personas privadas de la libertad por delitos de drogas no violentos.
2. La despenalización del uso de todas las drogas.

Las personas muy conservadoras de inmediato se cierran ante estas propuestas. ¡Cómo vamos a sacar de la cárcel a los narcotraficantes! ¡Cómo vamos a despenalizar las drogas, si eso sería tanto como fomentar la drogadicción! Pero hay que estudiar las propuestas.

Toda persona que haya sido encarcelada por posesión simple de drogas debe ser liberada, ya sea mediante la revocación de sentencia o a través de amnistía. El texto señala que los límites no punibles de posesión de narcóticos son deliberadamente bajos, de manera que la posesión ya es de suyo un delito. Esto no es otra cosa sino la criminalización y la discriminación de los usuarios de drogas. Un grupo especialmente vulnerable son los campesinos y las mujeres detenidos por delitos contra la salud. Si la plantación y producción de cannabis y amapola fuera regulada, los campesinos que ahora apenas sobreviven produciendo estos vegetales, serían los primeros beneficiados de una regulación no punitiva. El informe no lo dice, pero esto sería un motor económico que los haría salir de la pobreza en muy poco tiempo. Finalmente, el hecho de poseer una cantidad de droga mayor que lo que determina la ley –umbral que, ya señalé, es muy bajo– no significa que el tenedor sea un narcotraficante. La posesión de cantidades mayores de estos umbrales es de suyo un delito, lo cual es absurdo. Zedillo propone que aún cuando una persona sea detenida en posesión de cantidades mayores a las permitidas, debe ser demostrada plenamente la intención de comercial ilegalmente. Pero hasta eso tendría solución, pues si se regulan las drogas, será lícito comercial con ellas.

Hay una tercera propuesta para implementarse, no de inmediato, pero sí en el corto o mediano plazo: el acceso legal y regulado de las drogas.

Se citan dos modelos: la industria de los estupefacientes en manos de emprendedores privados, como es el caso de los que comercian con cannabis en algunos estados de la Unión Americana; o el monopolio estatal, como sucede en Uruguay. El ex-presidente Zedillo parece pronunciarse por un sistema mixto.

El reto del nuevo gobierno es enorme. ¿Estará a la altura de las circunstancias? Ojalá que sí. Sin duda este documento presentado por Ernesto Zedillo será una herramienta muy importante.

¿Ya inició la Cuarta Transformación?

Por Venus Rey Jr

Publicado originalmente en la revista Ruiz Healy Times, septiembre de 2018, página 19. Descarga el PDF de la revista aquí.

Primera Transformación: Independencia. Segunda Transformación: Reforma.
Tercera Transformación: Revolución. Cuarta Transformación: AMLO.

El día sábado primero de septiembre de 2018 dio inicio la llamada Cuarta Transformación. Ese día se inauguró en San Lázaro el primer periodo ordinario de la LXIV Legislatura. Aquel día, Andrés Manuel López Obrador empezó a gobernar.

Desde antes que iniciaran las campañas, el fundador de Morena llevó la batuta y fijó la agenda. Siempre estuvo varios pasos adelante de sus competidores. Cuando ellos apenas iban, Andrés Manuel ya venía de regreso. La desesperación de los contrincantes se fue haciendo cada vez más notoria conforme se acercaba el 1 de julio. Las cosas llegaron a un punto en el cual, pasara lo que pasara, la gente votaría por el tabasqueño, así lo vieran, parafraseando a Trump, disparando contra alguien, no en la quinta avenida de Nueva York, pero ponga usted en la avenida Juárez, Madero o en el Eje Central Lázaro Cárdenas (ya ve usted que Juárez, Madero y Cárdenas son sus paradigmas). Ese fue el grado de convicción que alcanzaron sus votantes. Y mientras, del otro lado, muchos vacilaban y no sabían si votar por el del PRI o por el del PAN, porque, hay que decirlo, el PRI se dedicó a atacar a Anaya desde el principio, e hizo creer al sector más crédulo del electorado que estaban en segundo lugar en las preferencias y a tiro de piedra de Andrés Manuel. Mentiras deliberadas que pagaron con la más estrepitosa y humillante derrota de su historia.

La Cuarta Transformación que planteó AMLO fue un éxito desde el primer momento. Ese nombre, que podría parecernos chocante y presuntuoso –lo es–, sintetiza con exactitud el enorme desprecio que millones de mexicanos sienten hacia la corrupción y el PRIvilegio. Andrés Manuel encontró la fórmula idónea para que el electorado se convenciera de que PRI y corrupción eran sinónimos. Tan la encontró, que el candidato del PRI también adoptó un discurso anti-corrupción, que nadie le creyó, por cierto. Todo México, incluidos los cuatro candidatos, alzaron la voz y se manifestaron en contra de la corrupción. Andrés Manuel logró posicionarse como el único candidato que no era corrupto, y en tal virtud, como el único candidato que podría acabar con este mal, al modo que se barren las escaleras: “de arriba para abajo”. Si un presidente pretende erradicar la corrupción, él mismo debe ser honesto (honesto-honesto, honesto-honesto, como dijo El Bronco en un debate) y estar limpio de todo mal. Y si bien sobre la figura del presidente electo pesan sospechas de corrupción durante la construcción del segundo piso del periférico, lo cierto es que nunca se le ha comprobado nada, a pesar de que el PRI, haciendo uso de todo el aparato gubernamental, lo habrá investigado hasta el tuétano. Pero nunca nadie le ha podido comprobar un mínimo acto de corrupción.

La Cuarta Transformación es, en primera instancia, un movimiento nacional de repudio a la corrupción y a los privilegios de los altos funcionarios. AMLO, que es un hombre culto, leído y conocedor de nuestra historia (ha escrito una veintena de libros de los cuales sus detractores acusan ghost writing, pero ni siquiera eso han podido comprobar), sabe de la importancia de los símbolos. Mientras los otros dos candidatos mostraban avidez por llegar a Los Pinos e instalarse ahí con sus familias, AMLO propuso cerrar esa residencia oficial, pues es símbolo del presidencialismo neoporfirista-neoliberal, un presidencialismo aberrante que únicamente ha gobernado para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. La propuesta del tabasqueño fue que Los Pinos se convirtiera en un espacio público para la cultura y el esparcimiento. Y claro, todo mundo recibió la propuesta con gran entusiasmo. ¿Por qué? Por el gran golpe y sacudida que significaba para los gobiernos panistas y priístas, que asentaron sus reales en Los Pinos con indolencia y vanagloria. Lo mismo puede decirse del avión presidencial.

Pero la simbología no acaba en Los Pinos, sino se extiende a las figuras de los expresidentes, en este caso, los villanos de esa película de horror llamada Historia Mexicana. La propuesta de acabar con las pensiones de los exmandatarios fue rechazada por la clase política en funciones, y muchos analistas se refirieron a ella como una propuesta populista que en nada contribuiría a solucionar nuestros problemas. Quitar las pensiones a los expresidentes, decían, no va a acabar con la pobreza ni con la corrupción. Pero ese no era el punto y nunca lo fue. Cualquier persona medianamente pensante sabe que dejar a Echeverría, Sasha Montenegro, Paloma Cordero, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña sin pensión de nada sirve para que millones de mexicanos puedan superar la pobreza en la que están inmersos desde hace varias generaciones (incluso generaciones que existían desde antes de la Revolución Mexicana). Eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe Andrés Manuel. De lo que se trata es de castigar a los villanos de la película, de dejarlos sin dinero y sin privilegios, porque ellos son los que más daño han hecho al país, y encima de ese daño, resulta inmoral tener que pagarles para que puedan vivir como jeques saudíes. Por eso la propuesta fue y es aclamada por millones de mexicanos. Golpear a los expresidentes de este modo es hacer énfasis en que gobernaron no para los mexicanos, sino para la mafia del poder (not for the many, but for the few, parafraseando en sentido inverso a Jeremy Corbyn). Esta propuesta ha sido música para los oídos del electorado. Meade y Anaya no supieron adaptarse a las condiciones que imponía AMLO, y en la naturaleza como en la política, el que no se adapta se extingue. Mientras México vitoreaba la propuesta de Andrés, Meade afirmaba que no quitaría estas pensiones.

La idea de una Cuarta Transformación es genial. El PRI, y en menor medida el PAN, proponían continuidad. El pobre de Meade cavó su tumba política desde que en una comparecencia ante el Senado, en octubre de 2017, y todavía como secretario de Hacienda, confesó que en 2012 él había votado por Enrique Peña Nieto. Y claro, los senadores priístas, que eran los más (ahora son los menos) le aplaudieron como focas de acuario. Poco después Meade se convirtió en el candidato del PRI y, por más que intentó, fue incapaz de deslindarse del desprestigio de la marca. Créame: la marca “PRI” está tan desprestigiada que hace unos días el propio Peña Nieto –o sea, el máximo líder priísta– sugirió que se cambiara el nombre al partido, porque así no iba a funcionar. Meade basó su campaña en ensalzar la gestión de Peña Nieto y en ofrecer continuidad. Y no es que estuviera loco. No. La verdad es que el gobierno de Peña Nieto ha sido satanizado, pero si lo evaluamos con cabeza fría y con datos y números en la mesa, nos daremos cuenta, por difícil y paradójico que sea reconocerlo, que el balance general es positivo; pero esa es otra historia. Donde sí falló Peña fue en el tema de la violencia. 2017 fue el año más violento de nuestra historia, desde que se hacen mediciones con métodos científicos; mucho más que cualquier año de Calderón, a quien se atribuye el origen de este mal. Pues bien, 2018 lo está superando con creces. 2018 será el año más sangriento de nuestra historia. Pero, volviendo al punto, la Cuarta Transformación anunciaba una nueva era, una ruptura con el esquema político que tanta animadversión y hartazgo cosechó entre los mexicanos. Y AMLO se presentó como el único hombre que podría lograr tal cambio. Millones le creyeron.

La Cuarta Transformación se alza como un movimiento de la máxima envergadura: tan importante como la Independencia, la Reforma y la Revolución. De ese tamaño es la propuesta de AMLO, una propuesta histórica –y de ese tamaño es la imagen que Andrés Manuel tiene de sí mismo–; histórica en el sentido profundo del devenir, no de la mera efeméride. La intención de López Obrador al crear Morena fue la de hacer historia. Mientras la sensación que uno tenía al ver a los otros dos contendientes era la de pensar que si ganaba uno y otro, era porque ahora les “tocaba a ellos”, es decir, les “tocaba” estar en el poder y hacer negocios y beneficiarse por seis años; la sensación que provocaba AMLO era de que, finalmente, juntos haríamos historia. En otras palabras: sabíamos que los otros contendientes y sus allegados iban por el privilegio y por el varo (o baro, si usted prefiere, o sea: la feria); pero Andrés Manuel y Morena iban por la historia. Los detractores del tabasqueño minimizaban y ridiculizaban que él se las diera de intelectual con tanto libro publicado, y que se la diera de mesías. Queda claro que la compresión de AMLO de la historia mexicana es por mucho superior a la de sus adversarios, quienes decían: «qué intelectual va a ser, si es un bruto que no sabe ni hablar, ya no digamos inglés, sino español, y que se tardó casi tres lustros en acabar una licenciatura que dura cuatro años». La cultura no la da un título universitario, ni siquiera uno de Harvard o del MIT. Tampoco la da hablar inglés. La cultura se obtiene mediante toda una vida de lectura y reflexión profunda. No estoy diciendo que AMLO la tenga como si fuera Bertrand Russel o Theodor Mommsen –sí diría que es un hombre culto–, pero el uso magistral que hizo en su campaña al colocar a la historia como algo fundamental, no tiene parangón en nuestro pasado reciente. ¿Recuerda usted cómo se llamaban las otras dos coaliciones? Yo no. Pero “Juntos haremos historia” es un mote que nunca olvidaremos.

La Cuarta Transformación, y todo lo que ella implica, es necesaria y urgente. No porque la proponga AMLO, quien tuvo, en efecto, el acierto de proponerla y de hacerla el motor de su campaña. Todos –hasta Meade, que, como siempre he dicho, es un hombre honesto y un funcionario muy capaz– estuvimos convencidos de que el país no podía seguir en el camino que llevaba, que la corrupción, el privilegio, la pobreza, la desigualdad y la violencia tenían que llegar a su fin. Sólo una persona mezquina estaría en contra de un proyecto así. Yo no sé si AMLO sea capaz de lograrlo. Es una tarea que se antoja sumamente difícil, casi imposible. Lo que sí sé es que él fue el único candidato que supo entender el momento histórico que México vivía. También sé que el sábado 1 de septiembre AMLO inició su gobierno. ¿Será su gestión la mejor y más grandiosa de toda nuestra historia? No lo sé, ojalá que sí. Al menos esa es su pretensión, y eso, de suyo, es un cambio radical en la forma de hacer y concebir la política en nuestra accidentada patria: él no va por el “varo”, el poder o la vanagloria (quizá sus allegados sí; seguramente muchos de ellos sí): Andrés Manuel va por la historia. Ojalá que así sea.